El cambio del protocolo para la suspensión y posterior pago del ajuste por El título de doctorado a los Profesores…

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El cambio del protocolo para la suspensión y posterior pago del ajuste por El título de doctorado a los Profesores, por el tema de la convalidación del título, no es conforme a los principios de justicia, igualdad y legalidad

En resumen, antes de la nueva política, implementada a partir de un concepto de la Oficina Jurídica, el referente para el pago de la “retroactividad” era la fecha en que el profesor hacia su reintegro por regreso de los estudios de doctorado, con su diploma obtenido, pendiente de convalidar en Colombia. Una vez convalidado por el Ministerio de Educación, se le reconocían sus 80 puntos en credenciales “retroactivos”, a la fecha de reintegro del profesor con su título. ¿En qué cambió este protocolo para los profesores que con el título convalidado fueron incluidos en el acta Nº 12 del CIARP del 2 de septiembre de 2020? ¿Qué motivó este cambio? ¿Por qué es ilegal, inequitativo, e injusto este nuevo procedimiento que impacta en materia grave el salario de los profesores? El nuevo protocolo ignora la fecha de reintegro del profesor con su título en regla, pero aún pendiente de convalidar y cambia el momento a partir del cual se determina la fecha para la “retroactividad”, decidiendo que la nueva fecha sea la de la reunión en la cual el CIARP, formaliza la recepción de el titulo convalidado. ¿Cuánto dinero deja de percibir el profesor con este nuevo referente ilegal? En el listado de los profesores damnificados, hay casos con año y medio en el proceso de convalidación. Aquí, las cuentas son sencillas: el ajuste del puntaje por estudios por el título de doctor, son 80 puntos, que si aproximamos a $15.000/punto, corresponde a $1.200.000/mes. El proceso de convalidación es estimado por el Decreto 1279 de 2002, en hasta dos años. Para el caso que tomamos como ejemplo, en el cual el proceso de convalidación de tarda 18 meses, esto significa que el patrimonio del profesor sería afectado en una suma de $21,6 millones de pesos, más el efecto sobre las primas y prestaciones sociales.

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